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rosario, Argentina
La (CTC) es un organismo de derchos humanos con el fin tutelar y promover los derechos de las personas privadas de la libertad.Es parte de la comisión investigadora no gubernamental de los crímenes de diciembre de 2001. Intervino en varios programas de prevención de vih-sida en lugares de encierro,en el año 1997 se presenta un habeas corpus por las condiciones de detención de las mujeres en la alcaidia de jefatura logrando el cierre de la misma.en 2006 se inició una denuncia ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos por la situación de los niños y jóvenes privados de la libertad en el IRAR, denuncia abierta contar el Estado. Se obtuvo sentencia favorable en un habeas corpus general contra las comisarías en Rosario pidiendo la ilegalidad de la detención en dependencias policiales. Entre otras actividades en común con otras organizaciones sociales, personas privadas de la libertad y otros organismos de derechos humanos.

jueves, 18 de julio de 2013

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en los Lugares de Detención en los Países de América Latina
Elías Carranza
Rosario, Museo de la Memoria, junio 4, 2013.
Buenos Aires, Congreso Internacional  sobre
 Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
 o Degradantes. Biblioteca Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Parte I

        El caso típico de la tortura en los países de América Latina, increíblemente persistente, reducible en alguna medida, pero hasta el momento inerradicable, tanto durante los gobiernos de facto como durante los gobiernos democráticos, es el que ocurre en el ámbito de la justicia penal durante la investigación policial de los delitos de criminalidad ordinaria o convencional, antes de la intervención judicial, del ministerio público y de la defensa, para lograr una confesión u obtener información.
No obstante las reformas procesales penales que tuvieron lugar en todos los países de la región desde la década de los noventa hasta la actualidad, por medio de las cuales se asignó la función de investigación de los delitos a los ministerios públicos, en casi todos los países éstos no han podido asumir realmente esa función –tampoco en la Provincia de Santa Fe-, la investigación continúa a cargo de las policías dependientes del poder ejecutivo, y los fiscales, como asimismo la defensa y los jueces toman conocimiento de las detenciones policiales tiempo después de que éstas han tenido lugar, ocurriendo un vacío temporal durante el cual se tortura.
Una característica de los casos de tortura a los que nos referimos, es que en su totalidad, o en su casi totalidad, victimizan a personas de los estratos socioeconómicos más bajos de la población. Se manifiestan como un fenómeno de clase social, en el que la víctima tipo es un hombre joven, de clase baja, sospechado de haber cometido un delito contra la propiedad de la índole de los hurtos o robos. Otros delitos contra la propiedad, de la índole de “cuello blanco”, o que afectan otros bienes jurídicos, raramente aparecen asociados a la tortura.
Además de estos casos endémicos, existe otra tortura, que tiene lugar durante los gobiernos militares, durante los gobiernos democráticos “de fachada”, o durante los gobiernos democráticos débiles sin control de las fuerzas militar y policial: la tortura de origen político, que victimiza a militantes políticos cualquiera sea su clase social, hayan o no cometido delito, que se manifiesta en casos más o menos aislados, o de manera sistemática, inclusive con planes de exterminio, como ocurrió durante el último “proceso” militar en Argentina.
        Verificamos por primera vez la tortura asociada al fenómeno de clase social durante nuestro trabajo investigando delitos en el juzgado de instrucción de la 3ª. Nominación de Rosario durante trece años, 1964-1977. Y verificamos ambos tipos de tortura durante nuestro trabajo en la Comisión Investigadora de Apremios Ilegales y Torturas de la Provincia de Santa Fe –Comisión Brandazza- que funcionó durante los años 1973-1974 creada por la Legislatura de la provincia, con diputados y senadores de todos los partidos políticos, al asumir el gobierno civil anterior al último golpe militar, siendo los entonces diputados Juan Lucero y Rubén Martínez su presidente y secretario respectivamente.
Luego, a partir del golpe de 1976 como sabemos, la tortura y las desapariciones se llevaron a cabo masiva y sistemáticamente como metodología del terrorismo de estado, en Argentina y en casi todos los países de la región.
Durante los gobiernos militares, los policías especialistas en torturar para obtener confesiones en delitos de criminalidad ordinaria fueron cooptados por tales gobiernos para hacer lo mismo en los casos de índole política.