Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en los Lugares de Detención en los Países
de América Latina
Elías Carranza
Rosario, Museo de la
Memoria , junio 4, 2013.
Buenos Aires, Congreso Internacional sobre
Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos
o Degradantes. Biblioteca
Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso
típico de la tortura en los países de América Latina, increíblemente persistente,
reducible en alguna medida, pero hasta el momento inerradicable, tanto durante los
gobiernos de facto como durante los gobiernos democráticos, es el que ocurre en
el ámbito de la justicia penal durante la investigación policial de los delitos
de criminalidad ordinaria o convencional, antes de la intervención judicial, del
ministerio público y de la defensa, para lograr una confesión u obtener
información.
No obstante las reformas procesales penales
que tuvieron lugar en todos los países de la región desde la década de los
noventa hasta la actualidad, por medio de las cuales se asignó la función de
investigación de los delitos a los ministerios públicos, en casi todos los
países éstos no han podido asumir realmente esa función –tampoco en la Provincia de Santa Fe-,
la investigación continúa a cargo de las policías dependientes del poder
ejecutivo, y los fiscales, como asimismo la defensa y los jueces toman
conocimiento de las detenciones policiales tiempo después de que éstas han tenido
lugar, ocurriendo un vacío temporal durante el cual se tortura.
Una característica de los casos de tortura
a los que nos referimos, es que en su totalidad, o en su casi totalidad,
victimizan a personas de los estratos socioeconómicos más bajos de la
población. Se manifiestan como un fenómeno de clase social, en el que la
víctima tipo es un hombre joven, de clase baja, sospechado de haber cometido un
delito contra la propiedad de la índole de los hurtos o robos. Otros delitos
contra la propiedad, de la índole de “cuello blanco”, o que afectan otros
bienes jurídicos, raramente aparecen asociados a la tortura.
Además de estos casos endémicos, existe otra
tortura, que tiene lugar durante los gobiernos militares, durante los gobiernos
democráticos “de fachada”, o durante los gobiernos democráticos débiles sin
control de las fuerzas militar y policial: la tortura de origen político, que
victimiza a militantes políticos cualquiera sea su clase social, hayan o no
cometido delito, que se manifiesta en casos más o menos aislados, o de manera
sistemática, inclusive con planes de exterminio, como ocurrió durante el último
“proceso” militar en Argentina.
Verificamos
por primera vez la tortura asociada al fenómeno de clase social durante nuestro
trabajo investigando delitos en el juzgado de instrucción de la 3ª. Nominación de
Rosario durante trece años, 1964-1977. Y verificamos ambos tipos de tortura
durante nuestro trabajo en la Comisión Investigadorala Provincia de Santa Fe –Comisión Brandazza- que
funcionó durante los años 1973-1974 creada por la Legislatura de la provincia,
con diputados y senadores de todos los partidos políticos, al asumir el
gobierno civil anterior al último golpe militar, siendo los entonces diputados
Juan Lucero y Rubén Martínez su presidente y secretario respectivamente.
Luego, a partir del golpe de 1976 como
sabemos, la tortura y las desapariciones se llevaron a cabo masiva y sistemáticamente
como metodología del terrorismo de estado, en Argentina y en casi todos los
países de la región.
Durante los gobiernos militares, los
policías especialistas en torturar para obtener confesiones en delitos de
criminalidad ordinaria fueron cooptados por tales gobiernos para hacer lo mismo
en los casos de índole política.